El Gobierno de España ha eliminado recientemente la posibilidad de realizar un despido automático cuando un trabajador es declarado en situación de incapacidad permanente. Hasta ahora, muchas empresas aplicaban el artículo 49.1.e) del Estatuto de los Trabajadores como base legal para extinguir de forma inmediata el contrato en estos casos. Sin embargo, esta práctica ha sido considerada discriminatoria por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ya que vulnera los derechos laborales de las personas con discapacidad.

La reforma busca garantizar el derecho a la inclusión laboral de las personas con discapacidad, estableciendo que la declaración de incapacidad permanente no implica necesariamente la imposibilidad de seguir trabajando. En lugar de extinguir automáticamente el contrato, las empresas deberán ahora valorar la posibilidad de adaptar el puesto, ofrecer una reubicación o promover la reincorporación del trabajador, si su estado lo permite. Esta medida se enmarca dentro del compromiso de España con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. (Ver Ley 2/2025, de 29 de abril; BOE núm. 104, de 30 de abril de 2025) 

Desde el ámbito empresarial, algunas voces han expresado preocupación por el impacto que esta medida pueda tener en la gestión de recursos humanos y en los costes asociados a la adaptación de puestos de trabajo. No obstante, desde los sindicatos y asociaciones de personas con discapacidad, se celebra como un avance hacia un mercado laboral más inclusivo y respetuoso con los derechos humanos.

En definitiva, esta reforma supone un cambio de paradigma en la relación laboral con personas que atraviesan procesos de incapacidad, promoviendo una cultura más inclusiva, donde se priorice la adaptación y la igualdad de oportunidades por encima del despido. A largo plazo, esta medida podría contribuir a reducir la discriminación estructural y a fomentar entornos laborales más diversos y equitativos.