Desde el 1 de diciembre y hasta el 28 de marzo de 2024 se ha puesto a disposición de las empresas de los polígonos de las tres ciudades un nuevo servicio gratuito de soporte para resolver dudas referentes a la aplicación de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, en concreto del llamado "impuesto al plástico".
Esta iniciativa forma parte del programa de Simbiosis Industrial que Promoción Económica de Sabadell lleva a cabo desde 2014 junto con los municipios de Barberà del Vallès y Sant Quirze del Vallès y con la colaboración de la Diputación de Barcelona.
Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados y el impuesto al plástico
El pasado 22 de abril de 2022 se aprobó la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. La Ley tiene por objeto establecer los principios de la economía circular a través de la legislación básica en materia de residuos, así como contribuir a la lucha contra el cambio climático y proteger al medio marino.
Esta norma viene a reflejar lo que regulan las Directivas (UE) 2019/904 y (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente.
La Ley entró en vigor el pasado 1 de enero de 2023 y afecta desde entonces a todos los fabricantes así como a los importadores intracomunitarios de envases desechables que contengan plástico no reciclado. Éstos están obligados a liquidar el impuesto (mensual o trimestralmente), así como a llevar una contabilidad o libro registro de existencias que permita conciliar las cantidades declaradas en las liquidaciones del impuesto.
Se trata de un impuesto complejo con grandes exigencias de información en el que se incluyen muchas excepciones, muchas obligaciones de control de la cantidad de plástico no reciclado y que, además, tiene una normativa de sanciones y penalizaciones muy elevadas.
A fecha de hoy, casi un año después de la entrada en vigor de la Ley 7/2022, todavía no ha salido el reglamento regulador del impuesto, por lo que es muy elevado el número de empresas que tienen dudas e incertidumbres sobre el contenido de la Ley y su aplicación práctica.
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